"Importantes avances en causa por delitos de lesa humanidad".
GRACIANA PETRONE
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| Directivos históricos de la biblioteca Constancio C. Vigil |
Muertes, torturas y desapariciones perpetradas
durante la última dictadura en la Argentina fueron un mecanismo para
infundir temor y así llevar adelante un plan de exterminio cultural. “A
quienes les llegaba ese mensaje, quedaban enmudecidos, por eso es muy
importante que se investigue para llegar a correr el velo, para saber
qué sucedió, cómo sucedió y conocer quiénes son los responsables al
respecto, tanto militares como civiles”, dice Marcelo Abaca, uno de los
abogados querellantes en la causa de la biblioteca popular Constancio
C. Vigil, institución que fue devastada durante la intervención en
1977.
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| El edificio de Alem y Gaboto |
En una decisión judicial sin precedentes en la
provincia de Santa Fe, el magistrado Marcelo Bailaque ordenó que se
reabra la investigación, no sólo por las detenciones ilegales y amenazas
contra los miembros de la comisión directiva de la tradicional
biblioteca popular el barrio La tabalada, sino también sobre los delitos
económicos que fueron perpetrados contra la Vigil durante la última
dictadura militar. “Cívico-militar”, aclara Abaca. La decisión de
Bailaque contempla también "plenos efectos penales" y la Justicia deberá
decidir sobre la restitución del patrimonio económico que les fue
quitado.
El pasado jueves 16 de agosto, la actual comisión directiva de la biblioteca, formada en asamblea el 30 de julio de este año por parte de sus antiguos integrantes: Augusto Duri como presidente; Raúl Frutos, vicepresidente; Antonia Frutos como secretaria y Luis Fiña, presentó en la legislatura de la provincia, a través de la Cámara de Diputados, el proyecto para la devolución de bienes, con la firma de más de veinte legisladores, que abarca prácticamente todo el arco político de las bancas santafesinas.
“Al menos hay una decisión política tomada con respecto a la devolución de estos bienes, que serían en Alem y Gaboto, el edificio principal, y en la manzana en la que está la escuela primaria entre las calles Ayacucho, Alem, Virasoro y Gálvez”, explica el abogado.
Pero también existe otro debate en torno al vaciamiento de la institución. “Se genera una situación atípica en relación a la investigación sobre unas hectáreas que teníamos en Villa Gobernador Gálvez, que hoy son propiedad, en parte, de ese municipio y otra parte fue comprada por el frigorífico Paladini”, dice. El gobierno de Carlos Reutemann le entregó 500 mil dólares a quien era entonces intendente, Pedro Gonzáles, para la construcción de viviendas sociales. Según cuenta Abaca, “se compraron de manera directa, en 1995 a la liquidación de la Vigil, casi 40 hectáreas y aproximadamente unas 9 o 10 fueron vendidas a Paladini, lo que también será materia de investigación la decisión judicial acerca de esa operación comercial”.
ASAMBLEA EN 2012 Y UN AÑO DE LOGROS
El pasado 30 de julio, en asamblea, se eligió la actual comisión directiva. De esta manera la biblioteca está en condiciones de inscribir a nuevos socios con una cuota, casi simbólica, de 15 pesos. “Estamos asociando en el bar que está frente a la Vigil y que se llama justamente, la Vigil. Casi con seguridad, la semana próxima, tengamos un lugar dentro de nuestro propio edificio en la torre donde funcionan las áreas de cine, teatro y bellas artes. Estamos ultimando detalles con las autoridades provinciales para que definan cuál va a ser el espacio que vamos a tener. Son todas novedades muy positivas y novedosas para nosotros, después de todos estos años de lucha”, asegura.
También la semana próxima serán citados todos los querellantes, con el fin de comenzar la ronda de testimonios en el marco de esta causa.
LA INTERVENCIÓN
La historia oscura de la biblioteca Vigil comenzó en febrero de 1977 cuando una patota, bajo el mote de "comisión normalizadora" e integrada por los ex represores Agustín Feced, César Esteban Molina y también el civil y abogado Maldonado Puig, entre otros, negaron a los directivos de la institución el ingreso al lugar mientras se escudados por efectivos de la fuerza policial. Celina Duri, hija de Agustín Duri, que por entonces tenía 11 años, fue llevada a un cuarto a solas con un miembro de la patota, quien la retuvo por varias horas, amedrentándola, con el fin de “sacarle información”. Hoy Celina Duri forma parte de la actual dirección de la biblioteca y es miembro querellante en la causa que investiga las acciones llevadas a cabo en contra de los bienes económicos y culturales, así como también contra civiles.
El pasado jueves 16 de agosto, la actual comisión directiva de la biblioteca, formada en asamblea el 30 de julio de este año por parte de sus antiguos integrantes: Augusto Duri como presidente; Raúl Frutos, vicepresidente; Antonia Frutos como secretaria y Luis Fiña, presentó en la legislatura de la provincia, a través de la Cámara de Diputados, el proyecto para la devolución de bienes, con la firma de más de veinte legisladores, que abarca prácticamente todo el arco político de las bancas santafesinas.
“Al menos hay una decisión política tomada con respecto a la devolución de estos bienes, que serían en Alem y Gaboto, el edificio principal, y en la manzana en la que está la escuela primaria entre las calles Ayacucho, Alem, Virasoro y Gálvez”, explica el abogado.
Pero también existe otro debate en torno al vaciamiento de la institución. “Se genera una situación atípica en relación a la investigación sobre unas hectáreas que teníamos en Villa Gobernador Gálvez, que hoy son propiedad, en parte, de ese municipio y otra parte fue comprada por el frigorífico Paladini”, dice. El gobierno de Carlos Reutemann le entregó 500 mil dólares a quien era entonces intendente, Pedro Gonzáles, para la construcción de viviendas sociales. Según cuenta Abaca, “se compraron de manera directa, en 1995 a la liquidación de la Vigil, casi 40 hectáreas y aproximadamente unas 9 o 10 fueron vendidas a Paladini, lo que también será materia de investigación la decisión judicial acerca de esa operación comercial”.
ASAMBLEA EN 2012 Y UN AÑO DE LOGROS
El pasado 30 de julio, en asamblea, se eligió la actual comisión directiva. De esta manera la biblioteca está en condiciones de inscribir a nuevos socios con una cuota, casi simbólica, de 15 pesos. “Estamos asociando en el bar que está frente a la Vigil y que se llama justamente, la Vigil. Casi con seguridad, la semana próxima, tengamos un lugar dentro de nuestro propio edificio en la torre donde funcionan las áreas de cine, teatro y bellas artes. Estamos ultimando detalles con las autoridades provinciales para que definan cuál va a ser el espacio que vamos a tener. Son todas novedades muy positivas y novedosas para nosotros, después de todos estos años de lucha”, asegura.
También la semana próxima serán citados todos los querellantes, con el fin de comenzar la ronda de testimonios en el marco de esta causa.
LA INTERVENCIÓN
La historia oscura de la biblioteca Vigil comenzó en febrero de 1977 cuando una patota, bajo el mote de "comisión normalizadora" e integrada por los ex represores Agustín Feced, César Esteban Molina y también el civil y abogado Maldonado Puig, entre otros, negaron a los directivos de la institución el ingreso al lugar mientras se escudados por efectivos de la fuerza policial. Celina Duri, hija de Agustín Duri, que por entonces tenía 11 años, fue llevada a un cuarto a solas con un miembro de la patota, quien la retuvo por varias horas, amedrentándola, con el fin de “sacarle información”. Hoy Celina Duri forma parte de la actual dirección de la biblioteca y es miembro querellante en la causa que investiga las acciones llevadas a cabo en contra de los bienes económicos y culturales, así como también contra civiles.
